El momento político en Cataluña (VII)

08.02.2017 19:57

 

En la tarde del viernes 3 de febrero del 2017, quien esto escribe se encontraba disfrutando del inicio de un —esperado— plácido fin de semana en Barcelona y se puso a escribir lo que usted está leyendo. Quien esto firma, que no es un pitoniso ni un visionario, ni tan siquiera un atrevido o intrépido vaticinador de lo que mañana pueda pasar, no dispone de información “privilegiada”. Quien este modesto artículo suscribe, es un ciudadano que únicamente cuenta con la información que brindan los “medios”, que vive en Catalunya, que piensa, siente y vive como pueda hacerlo cualquier otra persona que desde una pretendida  —y tal vez lograda— imparcialidad, se plantea la situación política que se vive en Catalunya y, por extensión, en España. Transcurridos cinco días desde que comencé estas reflexiones y asumiendo lo que ese viernes escribí, a la vista de lo acontecido en estos pocos días, voy a precisar, a matizar, básicamente a corregir los tiempos verbales de lo redactado sin variar, en lo esencial, su contenido, porque sin ser pitoniso, lo acontecido no desvirtúa lo escrito.

El pasado, viernes 3 de febrero del Annus Domini 2017,  trascendió en los periódicos que aún se publican en papel, que la vigilia docenas de funcionarios de la muy española Guardia Civil, por orden de un juzgado, procedieron a realizar diversos registros en domicilios y sedes empresariales e institucionales, en relación a una causa judicial —por supuesto— abierta hace ya varios años, todos ellos (los registros) vinculados al que fue el partido vertebrador del catalanismo político —y al que pertenece el actual presidente del gobierno catalán—, Convergència Democràtica de Catalunya.  Casualmente, o no, esos registros y las detenciones que ellos comportaron, habían sido anunciados públicamente antes de que se produjeran. Casualmente, o no, el lunes siguiente a que se produjeran esos registros, el 6 de este mismo mes y Annus Domini, estaba previsto el inicio del juicio en el que figuran como acusados quien es el antecesor en el cargo del actual presidente del gobierno catalán y quienes fueron vicepresidenta y consejera de Educación del mismo. ¡Qué casualidades ofrece la historia, que extrañas coincidencias brindan los tribunales! Qué curioso que ninguno de los detenidos con motivo de esas actuaciones pasara siquiera a disposición judicial: todos fueron puestos en libertad por la propia Guardia Civil, lo cual hace pensar que no serían muy graves y/o fundamentadas las razones de las detenciones.

El referido juicio es únicamente eso: un juicio. Los acusados no responden al estereotipo de quienes lo son pues son altos cargos políticos. Las acusaciones,  nada habituales: desobediencia al Tribunal Constitucional (primer juicio de esta naturaleza) y prevaricación administrativa. Nada importante. No se arriesgan los acusados a una condena a pena privativa de libertad, tan solo a unas multas y a la minucia de inhabilitación para el ejercicio de aquello a lo que se venían dedicando, a cargos públicos, incluso a aquellos como los que ejercían cuando supuestamente delinquieron, cargos por elección popular, cuando menos el del que fue presidente del gobierno catalán.

Si quienes están siendo juzgados y los cargos por los que lo son ya suponen una rara avis, qué decir del tribunal que lo hace. El tribunal lo integran tres magistrados, uno  de los cuales ocupa el cargo en virtud de designación discrecional del Consejo General del Poder Judicial cuando ya se sabía que tendría que asumir ese concreto juicio, otro fue nombrado magistrado por sus (innegables y bien reconocidos) méritos jurídicos —no por el tradicional sistema de oposición o concurso entre juristas—, y otro se estrena como miembro de un tribunal penal precisamente con motivo de este juicio, y al que ha habido que recurrir en aplicación de un sistema de suplencias al que hasta ahora jamás se había tenido que llegar.  

Como quiera que en España, y en consecuencia en su autonómica nacionalidad catalana, impera —así lo dice el artículo primero de su Constitución— el estado de derecho, nadie que no sea malpensado asume que se respeta, siempre y en todo lugar, la clásica separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que imperan en sus respectivos ámbitos sin interferencias. ¿Puede alguien dudar de que nada tengan que ver esos referidos registros y detenciones con el juicio referido? ¡Quien afirme que una y otra cosa tienen algo que ver que lo pruebe! Quien se atreva a insinuar que una y otra cosa tienen algo que ver con la pretensión del gobierno catalán de someter a las urnas un pronunciamiento, que trate de demostrarlo. A quien pretenda demostrar eso, le resultaría más fácil demostrar que se puede hacer una tortilla sin romper los huevos (quien no comprenda el porqué de esta frase que consulte en google: Joan Coma, romper los huevos).

Bueno, se preguntará quien hasta aquí haya estado leyendo: ¿Qué pasa en Catalunya? ¿Qué pasa en España? ¿Qué problema hay? Respuestas las que uno quiera. Las encontrara de todo tipo pues para algo se hicieron los colores. Desde la pretendida seriedad de quien viene haciendo estas colaboraciones para “Navegar es preciso”, desde las queridas imparcialidad y objetividad de quien este artículo suscribe, hay una respetable respuesta que difícilmente —piensa— pueda cuestionarse: Las cosas se ven de muy distinta forma desde Catalunya que desde el resto del estado español y cuando quien estampa su nombre al final del artículo dice “cosas”, se está refiriendo a la cosa (res) pública, a la política.

Los tres acusados acudieron al tribunal haciendo un largo “paseíllo”, llegando al mismo aclamados por unas 40.000 personas, hecho este que también ha sido calificado de muy distinta manera:  coacción al tribunal (¿alguien ha preguntado a sus miembros si se han sentido coaccionados? ¿Acaso lo han denunciado?), “numerito”, apoyo popular... Del juicio se han celebrado ya tres sesiones sin que, más allá de alguna que otra anécdota sin excesiva importancia y con nula trascendencia, haya ocurrido nada especial. Ya se verá qué ocurre cuando se dicte sentencia.

Es mayoría la gente que piensa que el juicio acabará en una fuerte condena, si bien entre los juristas no resulta tan claro el pronóstico. En todo caso, quien esto escribe no puede menos que desear que el sentido común (en catalán “el seny”) se imponga y que así como los zapateros se aplican a los zapatos, que los políticos se apliquen a resolver los problemas que no deben resolver los jueces.  

 

Josep Niubò i Claveria

Barcelona, 8 de febrero de 2017

 

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